Tras las horcas caudinas contra las libertades, que penden
sobre nuestras cabezas, representadas por la reforma del Código Penal, la Ley
de Seguridad Ciudadana, la ya aprobada Ley de Tasas en la Justicia y la reforma
que se anuncia en el horizonte antisindical de la Ley de Huelga, llega ahora la
Ley de Seguridad Privada.
Fue ayer aprobada en el Congreso con el apoyo de CiU y PNV y
la del grupo del Gobierno que la presentó, el PP –la derecha se entiende muy
bien en la defensa de los intereses privados y la destrucción de lo público- y
el rechazo del resto de grupos de la oposición. Ahora deberá ir al Senado, donde
previsiblemente no sufra variación alguna en el sentido de protección a las
libertades, y volverá al Congreso para su ratificación final. Posteriormente
será publicada en el BOE y empezará a ser aplicada antes de dos meses.
La privatización de lo público pasa también por la cuestión
de lo que en la filosofía del PP no es otra cosa que el “orden público”
franquista.
La enmienda transaccional pactada entre PP y CiU que
permitirá que el ámbito de actuación de los cuerpos de seguridad privada sea “toda
vía pública”. Si las autoridades les habilitan para ello los seguratas
podrán realizar labores de vigilancia y control en los barrios, lo que va en
consonancia con la disminución de plazas públicas de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en los últimos años. A partir de ahora también
podrán identificar, registrar y detener en la vía pública a cualquier persona
que consideren sospechosa.
La actual Ley de Seguridad Privada, en vigor desde 1992,
sólo faculta a los empleados del sector para actuar en el interior de instalaciones
y edificios, polígonos industriales y urbanizaciones de acceso restringido.
Tenían también competencia en la vigilancia del recinto exterior de las
cárceles, lo que ya aventuraba la posibilidad de una privatización de las
mismas que, gracias al futuro Código Penal, verán enormemente incrementada su
población reclusa.
Ahora pasan a controlar la calle, el espacio público por
excelencia. Fin del control de la seguridad ciudadana por el Estado.
Esto es especialmente grave si tenemos en cuenta que policías
privadas y Ministerio del Interior, a través de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado ya comparten información en cuestiones de seguridad. Si
hasta ahora las empresas de seguridad privada y la policía no compartían el
acceso a datos personales ni la policía cedía datos de tipo privado a dichas
empresas, es previsible que en el marco del nuevo ámbito competencial de los
agentes de seguridad privados estos datos empiecen a filtrarse de facto. No se
entiende que puedan exigir a un ciudadano que se identifique en la vía pública,
que puedan cachearle e incluso detenerle sin que, de hecho, accedan a algún
tipo de información respecto a su situación legal.
Si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no contaban
con suficientes elementos de extrema derecha, acostumbrados a prácticas
matoniles y poco sensibles con las pautas de una policía democrática respetuosa
hacia los derechos humanos y las garantías constitucionales (recordemos la
reciente “hazaña” de los Mossos d´Esquadra en El Raval, apaleando a un
ciudadano hasta asesinarlo y tratando luego de averiguar si había imágenes
filmadas o fotografiadas de la misma), ahora nos encontraremos con un personal
en muchos casos acomplejado de no haber aprobado unas posiciones a los cuerpos
de seguridad del Estado, mucho menos formado que las policías públicas y
cabreado por no cobrar lo mismo haciendo tareas muchas de ellas similares. Todo
un aliciente para su futura “democrática labor”.
A esto hay que añadir que los agentes de seguridad privada
no tienen la obligación de acatar en sus actuaciones una Constitución ya
disminuida en su función de velar por los derechos de los españoles desde que
se introdujo la reforma del artículo 135 en la misma que, de hecho, ha dejado
en agua de borrajas todos los demás artículos, y que la nueva ley carece de
sistemas de control ante denuncias por abuso de autoridad en sus actuaciones
contra las personas.
Los artículos de la Reforma del Código Penal 554 y 556 ya
otorgan una protección especial en caso de agresión, intimidación grave o
resistencia, incluso pasiva, a la autoridad al personal de seguridad privada “cuando
desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
Habrá que ver de qué modo influye esta nueva Ley de
Seguridad Privada en la aún en fase parlamentaria Ley de Protección de la
Seguridad Ciudadana y en las enmiendas que el propio PP haga a la misma para
hacer consonantes ambas. Mucho nos tememos que ello lleve a una nueva
ampliación de competencias de las “policías privadas” también a la hora de
imponer multas y reprimir la protesta social por la vía ejecutiva de la sanción
de la infracción.
El propio Ministro del Interior ha reconocido que con la
nueva Ley de Seguridad Privada pretende ayudar a que el ya boyante negocio del
matonismo mercenario uniformado (obviamente él no lo llama así) lo sea aún más
en un sector con más de 1.100 empresas de seguridad, unos 100.000 agentes y una
facturación de más de 3.600 millones de euros al año.
Con la reforma de la Ley de Interrupción del Embarazo, la
del Código Penal y la de Seguridad Ciudadana, la futura hiperrecortada Ley de
Huelga, la ya vigente Ley de Tasas y la Ley de Seguridad Ciudadana el gobierno
fascio-liberal del PP pretende cubrir varios objetivos.
El primero de ellos es acabar con el derecho a la protesta
social frente a sus políticas criminales contra la clase trabajadora.
El segundo es crear un marco de impunidad que, al cambiar
toda la arquitectura jurídica del Estado convierta en letra muerta las
garantías constitucionales de la persona y nos adentre en un “Estado
totalitario y prefascista de derecho”.
El tercero es completar la muerte de lo público también en
la justicia y la seguridad y avanzar hacia la desaparición del Estado, que una
parte de los miembros anarcocapitalistas de este partido ya teorizan, para
sustituirlo por una gestión empresarial de los servicios, el control político,
social y la represión.
En cuarto lugar, y no menos grave que los anteriores, el
gobierno del PP busca afianzarse en su base electoral y social natural: la
extrema derecha partidaria del populismo punitivo, la pena de muerte y la
cadena perpetua, la creencia en que todo uso de las libertades es libertinaje y
la filosofía de que tranquilidad (término que utilizan en la Exposición de
Motivos de la Ley de Seguridad Ciudadana en revisión) –social- viene de tranca.
Pero más allá de todo ello se adivina otra intención: la
previsora de nuevos y más radicales desafíos desde la calle.
Necesitan anticiparse a la posibilidad de que la caída de la
protesta social sea sólo temporal. Temen que, tras el vacío y la decepción que
han dejado quienes sólo pretendían “reiniciar el sistema”, llegue una nueva
oleada de movilizaciones que apunte no sólo contra el gobierno sino contra el propio
sistema capitalista: el mundo empresarial y la situación de depauperación de la
clase trabajadora ocupada y parada. Y eso es algo que el gobierno natural del
capital no puede permitirse. Por este motivo ha decretado el fin del ejercicio
de las libertades y de los derechos de manifestación reunión, expresión y
opinión y la consideración de subversivos a quienes los ejercen.
Es el momento de poner manos a la obra y levantar un
movimiento que, desde la resistencia pase a la ofensiva contra el capital y su gobierno
contra la criminalización de la protesta social, en defensa de las libertades y
del derecho de la clase trabajadora a emanciparse de sus opresores. Hay que
echarlos. O ellos o nosotros.
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