“(…) Cuando la burguesía ve que el poder
se le escapa de sus manos, alzan el fascismo para mantener sus privilegios”.
Buenaventura Durruti
Asociaciones
de jueces califican de "innecesaria y autoritaria" la Ley de
Seguridad Ciudadana
Jueves, 21 de noviembre
de 2013
La Ley de Seguridad Ciudadana que
prepara el Gobierno de Mariano Rajoy es "innecesaria",
"autoritaria" y recuerda "a la ley de Vagos y Maleantes o a la
Ley de rehabilitación social que existía en el franquismo", según explican
las principales asociaciones de jueces de España.
Agencias/Prensa
La Ley de Seguridad Ciudadana que
prepara el Gobierno de Mariano Rajoy, por la que se sanciona duramente insultar
a un policía, realizar escraches o grabar a agentes de seguridad, es
"innecesaria", "autoritaria" y recuerda "a la ley de
Vagos y Maleantes o a la Ley de rehabilitación social que existía en el
franquismo", según explican las principales asociaciones de jueces de
España, que detallan la intención de frenar las actuaciones críticas con el
Gobierno y no la defensa de la seguridad.
De este modo, Jueces para la
democracia pide al Gobierno "convencer del
acierto de su gestión y no castigar a quienes expresan su disconformidad".
Para esta asociación, la ley es "muy represiva de actuaciones y
manifestantes", con lo que el eje central no es la
defensa de la seguridad como la criminalización de la disidencia. "Este
proyecto castiga de una forma autoritaria muy discutible",
afirma. Además, recuerda que la administración sanciona con multas económicas
desorbitadas unas conductas que los tribunales habían considerado que no eran
infracción penal. Por ejemplo, explican, los juzgados han archivado los casos
por escraches, por no ser "ni delitos ni faltas,
sino nuevas formas de ejercer la libertad de expresión y del ejercicio al
derecho de manifestación". Así, Jueces para la Democracia concluye que ve
"inconstitucionales" algunos puntos del anteproyecto.
La Asociación de Jueces Francisco de
Vitoria recalca que cualquier restricción por vía administrativa es un
"límite indebido" al ejercicio de los derechos fundamentales de las
personas. "No hacía falta prohibir escraches, ni impedir a los ciudadanos
determinadas cosas. Es un exceso por parte del Ejecutivo y del Ministerio de
Justicia que va a cercenar el derecho a la manifestación y la libertad de
expresión que recoge la Constitución, por lo tanto es una ley que más bien
recuerda a la 'ley de Vagos y Maleantes' o a la 'Ley de rehabilitación social'
que existía en el franquismo". Para el control de excesos, dicen, es
"suficiente" el Código Penal. Esta asociación cree
"innecesaria" la ley, y destaca que sancionar alguna de estas
conductas podría ser inconstitucional, por lo que "así podrían ser
declaradas en su momento". Otras, "suponen un exceso y un
desbordamiento absoluto de lo que es la facultad coercitiva del estado".
Son medidas, añaden, "expropiatorias", porque eliminan el patrimonio
de una persona. "El ciudadano está abocado a quedarse en casa, es una ley
innecesaria".
Ambas
asociaciones lamentan la indefensión del ciudadano. "No tiene más remedio
que acudir a la vía contenciosa administrativa y pagar unas tasas que también
son elevadísimas". Se produce una "violación a la tutela judicial
efectiva, al derecho de manifestación y al derecho a la libertad de expresión,
que se ven doblemente cercenadas por el exceso del legislador y porque existe
un difícil acceso a la función contenciosa
22-11-2013
http://www.atlantico.net/noticia/260224/asociaciones/jueces/cuestionan/seguridad/
Portavoz de JpD: "La Ley de Seguridad Ciudadana supone un ataque autoritario contra las libertades"
http://www.youtube.com/watch?v=PwOGzqXgFjA
Joaquim Bosch: "La Ley de Seguridad Ciudadana vulnera los derechos fundamentales"
http://www.youtube.com/watch?v=sPdCQ3N-h8M&feature=youtube_gdata
Entrevista de Antonio García Ferreras a Joaquim Bosch,
portavoz de Jueces para la Democracia, sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, en
el programa "Al Rojo Vivo" de La Sexta. La ley que impulsa el
Gobierno supone un ataque autoritario a las libertades. Y, con el pretexto de
la seguridad, lo que se pretende es silenciar diversas formas pacíficas de
protesta social
19 nov (EFE).- El portavoz de Jueces para la
Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha calificado hoy de
"desproporcionadas" e "inconstitucionales" algunas medidas
del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana como la persecución de los
escraches o las manifestaciones pacíficas ante instituciones como el Congreso.Jueces para la Democracia
https://www.facebook.com/pages/Jueces-para-la-Democracia/131549023581280?hc_location=timeline
http://www.juecesdemocracia.es/
Margarita Robles dice que la ley de seguridad ciudadana evoca a antes de la Constitución
http://noticias.lainformacion.com/politica/camara-baja/margarita-robles-dice-que-la-ley-de-seguridad-ciudadana-evoca-a-antes-de-la-constitucion_0ai3xFhVItkAwnh2lEzXm5/
La vocal del CGPJ Margarita Robles descalifica la nueva Ley de Seguridad
Jueves, 21 de noviembre de 2013
La magistrada del Tribunal Supremo cree que "evoca tiempos anteriores a la constitución"
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/11/21/politica/estado/la-vocal-del-cgpj-margarita-robles-descalifica-la-nueva-ley-de-seguridad
Margarita Robles (CGPJ) afirma que "Gallardón es el peor ministro de Justicia de la historia"
La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria
ha considerado que el anteproyecto de ley orgánica de Protección de la
Seguridad Ciudadana es una enmienda que “no va en consonancia con la
democracia”.
Los
escraches
Las
asociaciones de jueces no aprecian delito en los escraches a políticos
31/03/2013
El juez no
aprecia indicios de delito penal en el escrache a Lanzuela en su casa de Cella
Zaragoza| 28/05/2013
Archivada la
denuncia por el escrache en el domicilio de Sáenz de Santamaría
Un juzgado
de Sabadell absuelve a trabajadores denunciados por escrache
14 de
octubre de 2013
La jueza
archiva la causa por el 'escrache' a Eloy Suárez
17/11/2013
Estado policial en el ‘reino’ de Cospedal: detienen y
sancionan con multas de hasta 30.000 a los que protestan
06/11/2013
Proyecto
de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal
Interior
encomendó a un antiguo mando de los antidisturbios la reforma de la Ley de
Seguridad Ciudadana
La
Ley de Seguridad Ciudadana es el bozal que completa la criminalización de la
protesta por el CP
El PSOE ha sacado adelante su propuesta, que endurecerá las penas
para los delitos de hurtos menores por reincidencia o terrorismo, entre otros
En 1995, el nuevo Código Penal ya no obtuvo el respaldo ni la alianza de
los dos grandes partidos. En la que se convertirá en la reforma número 26 de
ese código normativo, debatida y votada hoy en el Pleno del Congreso de los
Diputados, el consenso tampoco ha sido posible. El PSOE, con los votos de CiU,
ERC, CCy UPN, ha sacado adelante el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la
reforma. Han sido 186 votos a favor, frente a los 7 en contra de PNV y NaBai, y
145 abstenciones, las que han sumado los votos de PP, BNG, UPyD y el grupo de
IU-ICV.
En el debate, el portavoz de Justicia del Grupo Socialista, se manifestó muy duramente contra el voto de los populares, a quienes reprochó su "absoluta y total deslealtad" ante un texto "negociado sin límite" y que este diputado atribuyó al endurecimiento punitivo frente a los delitos de corrupción. "Señores del PP, ustedes una vez más han demostrado que no son de fiar y que su única obsesión es conseguir el poder como sea. España no se merece una oposición como ustedes", ha dicho Villarrubia, dirigiéndose a los escaños populares, tras recordar que la propuesta de cadena perpetua revisable del Partido Popular nunca estuvo en los compromisos alcanzados con los socialistas.
En el debate, el portavoz de Justicia del Grupo Socialista, se manifestó muy duramente contra el voto de los populares, a quienes reprochó su "absoluta y total deslealtad" ante un texto "negociado sin límite" y que este diputado atribuyó al endurecimiento punitivo frente a los delitos de corrupción. "Señores del PP, ustedes una vez más han demostrado que no son de fiar y que su única obsesión es conseguir el poder como sea. España no se merece una oposición como ustedes", ha dicho Villarrubia, dirigiéndose a los escaños populares, tras recordar que la propuesta de cadena perpetua revisable del Partido Popular nunca estuvo en los compromisos alcanzados con los socialistas.
Tas la aprobación de la reforma el ministro de Justicia, Francisco Caamaño,
en declaraciones a los periodistas, ha calificado como "una pena"
que finalmente el PP no se haya sumado al consenso y ha resaltado que, frente a
esa postura, el Gobierno y el PSOE siempre han sido "fieles a la palabra
dada". Caamaño ha respaldado las críticas vertidas por el portavoz
socialista de Justicia.
Frente a estas palabras, el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo,
ha lamentado que, pese a haber estado trabjando con el Gobierno y el Grupo
Socialista durante meses en esta reforma, no han podido con su votación
"corresponsabilizarse" del proyecto, que, a su juicio, es
"insuficiente" y cuenta con "demasiados huecos y
sombras".
¿En qué consiste la reforma?La propuesta de reforma que ahora se enviará al Senado para su tramitación
contempla, entre otras medidas, el endurecimiento de las penas para
terroristas, delincuentes sexuales reincidentes, abusos sexuales especialmente
a menores y también para aquellos ladrones «menores» que acumulen delitos de
hurtos de menos de 400 euros. Según la reforma, estos autores de robos podrán
ingresar en prisión, aunque únicamente tendrían que ir los fines de semana y
festivos para, de este modo, evitar también
la "sobreocupación" de las cárceles, señaló el
Ministerio de Justicia en la presentación de la reforma.
También se incluye el agravamiento de las penas, de tres meses a un año de
prisión, a los miembros de bandas de carteristas. Otro elemento que desde
Justicia se considera fundamental es la creación de un registro de faltas en un
plazo máximo de un año, con el fin de que los jueces puedan acceder de una
forma rápida a los historiales de cada delincuente y dar "una
respuesta" a la reincidencia.
La oposición reprocha al presidente el recorte en los
derechos civiles
Legislación antiterrorista española
Código Penal de España
Ley de vagos y maleantes
El
presidente de la república española:
Borrador de Ley
de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, sobre
procedimiento para el enjuiciamiento rápido de
determinados delitos y de modificación
del procedimiento abreviado
El PP llevará la 'ley Corcuera' al Constitucional
El diputado
del Grupo Popular y vicepresidente segundo del Congreso, Federico Trillo, hizo
ayer un llamamiento "a quienes quieran descargar la conciencia" para
que apoyen el recurso de inconstitucionalidad que el PP ha decidido presentar
contra la Ley de Seguridad Ciudadana. El recurso, ya redactado, alega cuatro
motivos: la retención policial (artículo 20), la entrada en domicilio sin
permiso judicial (artículo 21), el valor probatorio de las informaciones
de los agentes de la autoridad (artículo 37) y la ejecutividad inmediata de las
sanciones, que exige el pago previo de las multas para poder recurrirlas
(artículo 38).
El
llamamiento de Trillo tuvo respuesta inmediata por parte de los grupos que
están en contra del proyecto, que hoy será debatido en pleno. Izquierda Unida
rechazó ayer la propuesta por entender que no puede unir su imagen a la del PP,
y también porque sumarse al recurso arruinaría la campaña del colectivo que
necesita 500.0,00 firmas para instar al Defensor del Pueblo a que recurra. El
secretario general del CDS, Antonio Fernández Teixidó, dijo: "Esto no es
un problema de conciencia. Si se quiere presentar algo conjuntamente hay que
estudiarlo".Trillo dijo que no estaba fijada la fecha exacta de
presentación del recurso, pero comentó que sería inmediatamente después del
trámite necesario de publicación del texto legal en el Boletín Oficial del
Estado.
Retención
policial. El Grupo
Popular adelantó ayer los motivos de su recurso de inconstitucionalidad. El PP
piensa que vulnera el artículo 17 de la Constitución, que establece el derecho
a la libertad, la posible retención policial para identificación de los
ciudadanos establecida en el artículo 20 del proyecto, y la posibilidad de que
la policía pueda requerir a un ciudadano para que le acompañe a comisaría si no
es identificado. Ello implica, en opinión del PP, "una privación coactiva
de libertad cuyos fines son imprecisos, y cuyas garantías son inferiores a las
establecidas en el artículo 17 de la Constitución".
Entrada en
domicilio. La entrada
en domicilio con ocasión de delito flagrante para supuestos de narcotráfico del
artículo 21.2 supone una rebaja importante de "los niveles exigibles del
contenido esencial de la excepción de flagrancia al derecho a la
inviolabilidad" del domicilio y, en su opinión, se pasa en el proyecto
"de la percepción directa al conocimiento".
El Grupo
Popular ve en ello el grave peligro de que "se actúe por denuncias o
declaraciones de terceros, por presunciones u otras pruebas distintas de la
percepción o presencia directas" del agente de policía.
Pruebas
policiales. El artículo
37 de la llamada ley Corcuera le parece inconstitucional al Grupo
Popular porque supervalora, en su opinión, el carácter probatorio de las
informaciones de los agentes de la autoridad, y ello "contradice y viola
el derecho a una defensa contradictoria basada en la igualdad de las partes
reconocida en el artículo 24.2 de la Constitución y sancionada por reiteradas
sentencias del Tribunal Constitucional".
Pagar para recurrir. Por fin, el articulo 38 establece
la inmediata ejecutividad de las sanciones previstas en el proyecto y la
obligación de que cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria habrá de satisfacerse
en el plazo mínimo de 15 días y máximo de 30. El Grupo Popular entiende que con
esta exigencia se vuelve a introducir en el ordenamiento administrativo español
el principio de pagar primero y recurrir posteriormente.
IU denuncia ante la UE el anteproyecto de Ley
de Seguridad Ciudadana
25 de Noviembre 2013
25 de Noviembre 2013
El Gobierno también quiere criminalizar a los enfermos
mentales graves
20 Noviembre 2013
El anteproyecto de ley para la reforma del Código Penal que
este viernes aprobará el Consejo de Ministros posibilitará que personas con
enfermedades mentales puedan ir a la cárcel no en función de los delitos
cometidos sino por su condición de "peligrosidad". En España hay más
de un millón de personas con trastornos mentales graves que no reciben una
adecuada atención socio-sanitaria
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