En días sucesivos publicaremos el resto
de intervenciones. Dentro de una semana estarán disponibles en vídeo todas
ellas para que los lectores puedan conocer con detalle lo que representan como
atentados a las libertades los artículos del Reformado Código Penal que
criminalizan la protesta social. Ahora les dejamos con la intervención en el
acto del pasado 18 de Octubre del miembro de la Plataforma en Defensa de las
Libertades Democráticas, Óscar López Corral
Un golpe de Estado
silencioso y “legal”
Buenas tardes. Mi intervención no va a
centrarse en el Código Penal en los aspectos relativos a la criminalización de
la protesta social porque eso lo van a hacer con mucho más acierto que yo los
compañeros de mesa que intervendrán después. Pretendo básicamente
contextualizar la involución en las libertades que representa el Código Penal y
otras leyes aprobadas o en marcha en el actual momento español y europeo.
En los últimos tiempos estamos asistiendo en España a un golpe de Estado legal y por etapas por parte del Gobierno del Partido Popular que se está llevando a cabo casi en silencio, con la escandalosa complicidad del poder mediático, que coopera en la creación de una cortina de humo sobre lo que va a representar el cambio radical del ordenamiento jurídico del Estado y ante el desconocimiento en unos casos de la sociedad española y la pasividad en otros de una parte de las fuerzas políticas, sindicales y democráticas de este país.
En los últimos tiempos estamos asistiendo en España a un golpe de Estado legal y por etapas por parte del Gobierno del Partido Popular que se está llevando a cabo casi en silencio, con la escandalosa complicidad del poder mediático, que coopera en la creación de una cortina de humo sobre lo que va a representar el cambio radical del ordenamiento jurídico del Estado y ante el desconocimiento en unos casos de la sociedad española y la pasividad en otros de una parte de las fuerzas políticas, sindicales y democráticas de este país.
La dificultad para identificar como tal a ese golpe de Estado
legal, y por ahora, relativamente incruento, está fundamentalmente en
• El primero de ellos es que al hacerse a través de
procedimientos formalmente democráticos como son el de la mayoría parlamentaria
y la influencia decisiva en los diferentes órganos del poder judicial del
Estado, ese golpe de Estado legal resulta más difícilmente criticable y resulta
menos reconocible, pues se ajusta a los mecanismos de una democracia
parlamentaria clásica.
• El segundo, es que al ser este proceso alejado de lo que
comúnmente conocemos como un golpe de Estado clásico de tipo militar, el
término pudiera parecer excesivo a primera vista.
El objetivo de ese golpe de Estado legal es dotar a la clase
económicamente dirigente y a su Consejo de Administración, el Gobierno del
Partido Popular, de los instrumentos que permitan recortar las garantías
jurídicas y ciudadanas, y reprimir con instrumentos legales la protesta social
en un período de profunda crisis económica e institucional y de tendencia hacia
la agudización de los conflictos sociales, que hasta ahora se han circunscrito,
no casual sino intencionadamente, fuera de la explícita lucha de clases
Dicho de otro modo, al margen de lo que los voceros de
la recuperación económica nos cuentan cada mañana, sean Montoro, Marhuenda,
Botín o el Príncipe, lo cierto es que la crisis económica se agudiza día a día
como drama social para millones de familias trabajadoras, lo que abre un
profundo foso entre representantes y representados, entre instituciones y
personas tratadas como súbditos, foso que el propio Partido Popular, y ciertas
alianzas insospechadas del mismo estimulan porque las libertades democráticas,
el pluralismo y la organización política de las alternativas a su gobierno, le
molestan. Paradójicamente el discurso en genérico contra los “políticos”, el
“todos son iguales”, el populismo del cuestionamiento sólo de lo institucional,
dejando al margen al poder económico empresarial, favorece a los intereses del
partido del gobierno que nunca creyó en la política como medio transformador sino
meramente legitimador del orden económico del capital.
Y es ahí, en la previsión de agudización de unos conflictos que mañana
podrían sobrepasar los límites de la mediáticamente estimulada protesta
controlada, donde se explica la dinámica involutiva impulsado por un Gobierno
que pretende cambiar el marco jurídico legal del Estado liberal y de libertades
para trasladarnos a un nuevo Estado totalitario de derecho. De derecho porque
la metamorfosis se está produciendo de acuerdo a normas formalmente ajustadas a
la ley.
Para entender la dimensión que adquiere el cambio que el Gobierno del PP, a
través de su esforzado Ministro Ruíz Gallardón, está llevando a cabo voy a
citar los principales cambios introducidos en los últimos tiempos:
·
Ley de Tasas Judiciales que acaba con toda la jurisprudencia existente
respecto a la igualdad de todos ante la ley, para consagrar, como en Rebelión
en la granja, de Orwell acaba por hacer cierta la frase “todos somos iguales
pero algunos son más iguales que otros”.
·
Reforma del Consejo General del Poder Judicial que asegura que su
composición esté de acuerdo a los intereses del partido gobernante, sin
necesidad incluso de pactar con otras fuerzas políticas. Los 20 vocales siguen
siendo elegidos por el Parlamento, sin que ninguno de ellos lo sea por los
jueces, al contrario de lo que proponía el programa electoral del PP, que
sugería que lo serian 12 de ellos. Hace mucho que Montesquieu está muerto pero
ahora lo han desenterrado para arrastrarlo por los cenagales del llamado Estado
liberal.
·
Ley de Seguridad Privada que avanza hacia la privatización de las
funciones que hoy realizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que
permitirá a las empresas de seguridad privadas entrar en áreas hasta ahora
reservadas al Estado y acceder a datos personales de ciudadanos.
·
Reforma de la ley del aborto, que vuelve sobre los supuestos de 1985 y los
reduce para limitar el derecho de la mujer al uso de su propio cuerpo.
·
La anunciada reforma de la Ley del Menor, que endurecerá el tratamiento
penal dado a los menores de edad acercándolo al tratamiento que reciben los
adultos en esta materia.
·
Reforma del Código Penal Militar (CPM) que ha mantenido el delito de
“derrotismo” del aún vigente CPM, de 1985, contra civiles, que serían juzgados
“en caso de conflicto armado internacional” (término que no es igual que el de
guerra porque las guerras ya no se declaran) por tribunales militares, pudiendo
ser condenados a penas de 1 a 6 años de prisión. Con él en la mano, los jueces
militares podrán juzgar y condenar al Movimiento del No a la Guerra y a
cualquiera que acuda a sus manifestaciones. Sin embargo, resucita la eximente
de infracción penal la “obediencia de debida” para los militares que cumplan
órdenes de superiores que puedan ser contrarias a la ley. ¿Recuerdan ustedes el
23-F y los juicios que le siguieron?
·
Cadena permanente revisable (cadena perpetua) que supone un avance hacia la
reintrodución de la pena de muerte.
·
Reforma del Código Penal que criminaliza la pobreza, las enfermedades
mentales y, de un modo especialmente peligroso, la protesta social y los
derechos de manifestación, expresión y opinión, creando nuevos tipos “ad hoc” y
tipificando delitos sobre nuevas formas de movilización que cuando surgieron no
eran delito.
El gobierno del PP está creando toda una arquitectura legal que recuerda a
la Ley Habilitante de 1933, también conocida como “Ley para solucionar los
peligros que acechan al Pueblo y al Estado”, que marcó el inicio del gobierno
nazi en Alemania.
Todo este enunciado sucede en un contexto de fuerte incremento de la
violencia policial en manifestaciones, del incremento de heridos, detenidos,
condenados y multados por participar en dichas movilizaciones, de acoso,
agresión e incautación gráfica a periodistas que cubren manifestaciones, de
acusaciones por parte de miembros del gobierno a organizaciones sociales de
estar conectadas con el mundo de ETA –no hablo sólo de la PAH sino de Errira y
de Segui, cuyos miembros están siendo perseguidos judicialmente-, mientras miembros
de las Nuevas Generaciones y cargos del PP se despachan día sí y día también
con declaraciones de exaltación al fascismo y al franquismo, al que se han
negado reiteradamente a condenar, ya sea en las redes sociales o en actos
públicos de marcado carácter institucional, cuando no cooperan directamente o
dan cobertura a propaganda de los grupos ultras y fascistas como en el pueblo
madrileño de Quijorna.
Siempre se ha dicho que en España no habían surgido partidos de
ultraderecha fuertes porque su sensibilidad política estaba integrada dentro
del PP. Algunos han llegado a afirmar en el pasado que eso era una especie de
servicio a la democracia porque retenía el desarrollo de organizaciones
fascistas. Esto ha cambiado desde que Mariano Rajoy accedió al Gobierno. Ahora
es el PP quién impulsa la actividad ultra, entre otros medios favoreciendo el
choque de trenes entre el nacionalismo español y el de otros territorios que
integran el Estado, de un modo muy similar a como la derecha española hizo
durante la II República.
La Historia es el mejor libro de enseñanza, si se la estudia y conoce y se
está dispuesto a aprender algo de ella.
La combinación del incremento represor del Estado, el recorte de las
libertades, la crisis económica y la fuerte irrupción de organizaciones
fascistas no es nueva en Europa. Se dio en a finales de los años 20 y
en los 30 del pasado siglo. Los últimos años de la República de Weimar en
Alemania y de la monarquía de Victor Manuel II Italia conocen una
agudización de la crisis económica, social y política en ambos Estados, en
medio de una agudización de los conflictos sociales, que van llevando hacia el
endurecimiento autoritario de sus respectivos gobiernos y al recurso de sus
burguesías y clases medias al fascismo como medio de contención de las
protestas de las clases trabajadoras.
El institucional ataque contra las libertades y el endurecimiento represor
de la protesta social sucede en medio de una crisis económica que reconfigura
involutivamente el Estado hacia su formato liberal del siglo XIX. No es
una coincidencia. Ante la muerte del Estado del Bienestar, ya anunciada por el
rey de Holanda en la reciente apertura del año parlamentario, la administración
se repliega hacia el Estado policía. Se amalgaman, pues, características
políticas de los siglos XIX y de la primera mitad del siglo XX con todas las
sombras y amenazas de aquellos.
Para acabar, quiero hacer algunas reflexiones que no buscan culpables ni
pretenden estigmatizara nadie y espero, por este motivo, que nadie se sienta en
absoluto incómodo o me tilde de radical, sino contribuir a un debate que desde
la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas creemos imprescindible
con el fin de ayudar a romper la diabólica dualidad represión y recorte de
libertades, por un lado, y recortes sociales, por el otro.
Hoy asistimos en todo el mundo y de modo particular en Europa a la
represión de la protesta social y al endurecimiento de las leyes de los Estados
respecto a las garantías democráticas que protegen las libertades de sus
ciudadanos. Y ello sucede en un escenario de grave crisis económica mundial, mientras
crecen las organizaciones fascistas, desgraciadamente casi las únicas
beneficiarias de una radicalización social que las izquierdas y los sindicatos
apenas recogen, no porque se haya desclasado la clase trabajadora sino porque
estas últimas organizaciones son vistas por amplios sectores de la clase
trabajadora más como partes del sistema que como canales de expresión de la
cólera social, percibiéndolas, por el contrario, en ocasiones, como muros de
contención de una protesta social que vaya más allá de una mera resistencia
defensiva a la muerte del Estado del Bienestar.
No es casual el giro conservador y hasta reaccionario de la sociedad
europea. La campana de Gauss, también conocida en estadística como distribución
normal, de las ideas y actitudes políticas, muestra durante los períodos
expansivos de la economía una fuerte tendencia hacia la estabilidad, situando
entre el centro izquierda o derecha más del 80 por ciento de aquellas. En las
crisis económicas sistémicas y políticas lo usual históricamente es que esa
campana de Gauss se haya vuelto inestable, incrementándose fuertemente la
bipolaridad hacia la derecha y la izquierda. El fenómeno novedoso que aporta
esta crisis es que hoy las actitudes se van desplazando hacia la antipolítica,
el populismo y la extrema derecha, sin que exista un efecto de compensación en
un movimiento paralelo hacia la izquierda. Ello tiene que ver con el hecho de
que la crisis cogió con el pie cambiado a las izquierdas, gestionando el
capitalismo, o aspirando a entrar en el club de gestores, no de un modo
demasiado diferente a como lo harían las derechas democráticas.
La crisis económica ha dejado a las izquierdas sin política, ya que la
vuelta al Estado del Bienestar, en caso de que la crisis económica remita no es
creíble porque no es posible hacerlo sin recursos económicos (de las rentas del
trabajo apenas se podrán sacar vía impuestos, dado el brutal descenso de los
salarios) ya sólo obtenibles de donde realmente los hay: el patrimonio de las
grandes fortunas y los grandes beneficios empresariales y hasta la
expropiación. Pero no parece que las propuestas de las izquierdas vayan por
ahí, fuera de algún guiño puntual cuando se está en la oposición, que
rápidamente se olvida según crecen las expectativas en los sondeos.
La radical defensa de las libertades democráticas y de las garantías
constitucionales y jurídicas es una condición imprescindible para asegurar
nuestra dignidad como personas y para la posibilidad de ejercer la lucha social
pero estas libertades necesitan complementarse con tanta o mayor fuerza con la
defensa de los derechos sociales y económicos, sin los cuáles la protección de
las primeras quedará absolutamente debilitada ante el discurso ultra que
redirija la rabia social sólo contra el Estado o los políticos en genérico, al
hacer que las víctimas de la crisis los perciban a todos como iguales, cuando
realmente no lo son. Hoy esa defensa de derechos sociales y libertades conduce,
inevitablemente, a enfocar al capitalismo y el mundo empresarial, no meramente
al liberalismo, porque éste es consecuencia de aquél, como el gran enemigo de
ambos y a la cuestión de la propiedad, cuando el acta de defunción de lo
público ya está firmada por el capital y sus gobiernos, como un tema central.
No estamos ante lo que de un modo simplista se llama ricos y pobres sino
ante la realidad de un mundo dividido entre explotadores y explotados.
Acto
contra un nuevo Código Penal que supone “un golpe de Estado silencioso”
- Convocatoria para mostrar el
rechazo a la reforma que plantea el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón
- Miembros de asociaciones de
fiscales, abogados y jueces, además de la Plataforma en Defensa de las
Libertades Democráticas, han participado en la conferencia
Alrededor de 60 personas se han reunido este viernes en
Madrid para mostrar su rechazo a la reforma del Código Penal que
plantea el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La acción ha contado
con las intervenciones de representantes de la Plataforma en Defensa de las
Libertades Democráticas (PDLD), el Foro de Abogados de Izquierdas, la
asociación judicial Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales
(UPF) y la Intersindical de Madrid.
Los conferenciantes han intervenido durante hora y media para denunciar lo que consideran un "golpe de Estado silencioso", en palabras de Óscar López Corral, de la PDLD. El representante de la Plataforma ha sido especialmente duro en su intervención, en la que ha comparado el proyecto de Ley de Reforma del Código Penal –junto a algunas de las medidas tomadas por el Gobierno, como la Ley de Tasas para acceder a la Justicia– con la Ley Habilitante alemana de 1933, que otorgó todos los poderes a Adolf Hitler y lo convirtió de facto en dictador.
El representante de la PDLD también ha afirmado que la nueva norma supondrá una suerte de "comodín legal" para que el Estado reprima las protestas sociales. "Hasta ahora, en las manifestaciones que se han producido se han estado dando formas de represión que no estaban contempladas legalmente", ha señalado López Corral, que ha manifestado que se han incluido en el proyecto de Ley "nuevos tipos delictivos ad hoc con el fin de poder justificar esa represión". "Estamos avanzando hacia un Estado totalitario a través de mecanismos democráticos", ha asegurado el ponente.
El Código Penal, una norma "de clase"
En la misma línea se ha expresado Antonio Segura, miembro del Foro de Abogados de Izquierdas, que ha alertado de que la Justicia se está convirtiendo "en un elemento más del poder". Segura ha calificado al Código Penal de ser una norma "de clase", y ha comparado las posibles penas que se manejan para los eventuales culpables del caso Bárcenas con las que se plantean para un robo común de mucha menor cuantía, asegurando que estos últimos están sancionados con una pena "muy superior".
"No se nos escapa que el Código Penal está dentro de un puzzle de todo un sistema que la clase dominante utiliza", ha manifestado el letrado. Después de criticar el, a su juicio, talante conservador de la mayoría del poder judicial, también ha afirmado que "tenemos unos poderes legislativo y ejecutivo diseñados para que puedan tener cabida estas normas contrarias al pueblo soberano, del que emana la Justicia, un sistema parlamentario basado en una Ley Electoral que promociona un sistema mayoritario donde dos partidos se reparten la representación. Si no existiera ese sistema electoral tampoco sería fácil poder legislar un Código como este".
La nueva Ley "equipara la acción con el anuncio de la acción"
Mayor concreción ha aportado Carlos García Berro, de la UPF, que ha comentado varios de los artículos que el nuevo Código Penal modifica. El fiscal ha asegurado que "la paz social debe apoyarse en el artículo 10" de la Constitución" –que defiende que "la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político" la mencionada "paz social"– y no en la "represión".
De igual manera, García Berro ha detallado la nueva configuración de los delitos contra el orden público. El miembro de la UPF ha explicado que, mientras que en la actualidad el delito de desórdenes públicos tan solo es aplicable a individuos que actúen en grupo, en el nuevo Código Penal podrá imputarse esta acción a un único individuo si se considera que ha "amparado" su acción en un colectivo, una definición que ha calificado de poco concreta. En la misma línea, el fiscal ha señalado que, mientras la legislación actual recoge varios casos explicitados como desórdenes públicos, la nueva norma es mucho menos concreta en ese sentido.
García Berro ha denunciado que el nuevo Código Penal "equipara la acción con el anuncio de la acción", y ha puesto como ejemplo la nueva redacción del artículo 557, que –según ha leído– reza que cometerán desórdenes públicos "quienes alteren la paz pública ejecutando actos de violencia contra las personas o contra las cosas", pero también quienes "amenacen a otros con llevarlas a cabo". "Desde luego, yo como fiscal en ningún momento podré justificar los excesos verbales que puedan cometer algunos manifestantes", ha puntualizado García Berro, pero "no es de recibo" que estos actos vayan a ser considerados delitos contra el orden público, ha dicho.
Los conferenciantes han intervenido durante hora y media para denunciar lo que consideran un "golpe de Estado silencioso", en palabras de Óscar López Corral, de la PDLD. El representante de la Plataforma ha sido especialmente duro en su intervención, en la que ha comparado el proyecto de Ley de Reforma del Código Penal –junto a algunas de las medidas tomadas por el Gobierno, como la Ley de Tasas para acceder a la Justicia– con la Ley Habilitante alemana de 1933, que otorgó todos los poderes a Adolf Hitler y lo convirtió de facto en dictador.
El representante de la PDLD también ha afirmado que la nueva norma supondrá una suerte de "comodín legal" para que el Estado reprima las protestas sociales. "Hasta ahora, en las manifestaciones que se han producido se han estado dando formas de represión que no estaban contempladas legalmente", ha señalado López Corral, que ha manifestado que se han incluido en el proyecto de Ley "nuevos tipos delictivos ad hoc con el fin de poder justificar esa represión". "Estamos avanzando hacia un Estado totalitario a través de mecanismos democráticos", ha asegurado el ponente.
El Código Penal, una norma "de clase"
En la misma línea se ha expresado Antonio Segura, miembro del Foro de Abogados de Izquierdas, que ha alertado de que la Justicia se está convirtiendo "en un elemento más del poder". Segura ha calificado al Código Penal de ser una norma "de clase", y ha comparado las posibles penas que se manejan para los eventuales culpables del caso Bárcenas con las que se plantean para un robo común de mucha menor cuantía, asegurando que estos últimos están sancionados con una pena "muy superior".
"No se nos escapa que el Código Penal está dentro de un puzzle de todo un sistema que la clase dominante utiliza", ha manifestado el letrado. Después de criticar el, a su juicio, talante conservador de la mayoría del poder judicial, también ha afirmado que "tenemos unos poderes legislativo y ejecutivo diseñados para que puedan tener cabida estas normas contrarias al pueblo soberano, del que emana la Justicia, un sistema parlamentario basado en una Ley Electoral que promociona un sistema mayoritario donde dos partidos se reparten la representación. Si no existiera ese sistema electoral tampoco sería fácil poder legislar un Código como este".
La nueva Ley "equipara la acción con el anuncio de la acción"
Mayor concreción ha aportado Carlos García Berro, de la UPF, que ha comentado varios de los artículos que el nuevo Código Penal modifica. El fiscal ha asegurado que "la paz social debe apoyarse en el artículo 10" de la Constitución" –que defiende que "la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político" la mencionada "paz social"– y no en la "represión".
De igual manera, García Berro ha detallado la nueva configuración de los delitos contra el orden público. El miembro de la UPF ha explicado que, mientras que en la actualidad el delito de desórdenes públicos tan solo es aplicable a individuos que actúen en grupo, en el nuevo Código Penal podrá imputarse esta acción a un único individuo si se considera que ha "amparado" su acción en un colectivo, una definición que ha calificado de poco concreta. En la misma línea, el fiscal ha señalado que, mientras la legislación actual recoge varios casos explicitados como desórdenes públicos, la nueva norma es mucho menos concreta en ese sentido.
García Berro ha denunciado que el nuevo Código Penal "equipara la acción con el anuncio de la acción", y ha puesto como ejemplo la nueva redacción del artículo 557, que –según ha leído– reza que cometerán desórdenes públicos "quienes alteren la paz pública ejecutando actos de violencia contra las personas o contra las cosas", pero también quienes "amenacen a otros con llevarlas a cabo". "Desde luego, yo como fiscal en ningún momento podré justificar los excesos verbales que puedan cometer algunos manifestantes", ha puntualizado García Berro, pero "no es de recibo" que estos actos vayan a ser considerados delitos contra el orden público, ha dicho.
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