La Plataforma en Defensa de
las Libertades Democráticas (PDLD) ha podido saber que en el primer semestre de
2013 el Gobierno español pidió a Facebook 479 solicitudes de datos sobre 715
personas usuarias de esta red social. Facebook entregó dichos datos en el 51%
de los casos, como reconoce en un reciente informe: https://www.facebook.com/about/government_requests
Datos similares han sido
entregados a muchos más gobiernos, como revela el mencionado informe de dicha
red social. Lejos de que este hecho relativice la importancia de la invasión de
la privacidad de las personas por parte de gobiernos que actúan como espías,
delincuentes y terroristas, entre ellos el español, lo agrava, dando una dimensión
de hasta qué punto la distopía orwelliana de 1984 es una terrible realidad.
Esta campaña de espionaje
por parte de los gobiernos tiene que ver con los datos que desde hace algunos
meses hemos conocido acerca de cómo el Gobierno de ese campeón del “progreso”
llamado Obama, que mañana atacará al legítimo gobierno sirio con un acto
terrorista de su aviación, espía a ciudadanos USA y de otros países, apoyándose
en la colaboración criminal de las redes sociales. Tiene que ver con las
acciones de la Interpol y de otras agencias de seguridad de los gobiernos y
viene precedida desde hace años por la red Echelon.
No nos engañemos. La
inmensa mayoría de las peticiones no se refiere a acosadores, pederastas o
peligrosos terroristas de Al Qaeda, tan útiles estos últimos para los objetivos
de los gobiernos de recortar las libertades y desestabilizar gobiernos en
países árabes.
La crisis sistémica del
capitalismo ha dado lugar a una movilización sin precedentes de las víctimas de
la misma y de las políticas de austeridad, recortes sociales y voladura de los
Estados del Bienestar.
A pesar de que una parte de
esa protesta está en manos de una disidencia controlada, que se limita a
criticar a los gobiernos sin cuestionar al sistema capitalista y plantearse su
derribo, los gobiernos títeres del capital saben que la crisis se profundizará,
por mucha recuperación y brotes verdes que nos vendan sus voceros, y que, en
consecuencia las contradicciones trabajo capital, no la simpleza de
ciudadanos-Estados, se agudizarán, abriéndose muy posiblemente un período de
elevación de las reivindicaciones y de cuestionamiento del “status quo” de las
actuales sociedades capitalistas.
Por tanto, los gobiernos
necesitan conocer los perfiles de los activistas sociales y políticos más
radicales para buscar su criminalización y la de la protesta social.
Las redes sociales cumplen
hoy la doble función de medios de amplificación de la protesta social y de
trampa para cazar osos para los activistas sociales y políticos, involuntarios
proveedores de datos directos y cruzados sobre sí mismos, a la vez que el de
espacio alienante en el que tener entretenido al personal en una virtual
reedición del “panem et circenses”
El militante revolucionario
debe plantearse ya el uso que hace de Internet y de las redes sociales, qué
comunica en ellas y qué no, cuál es el balance entre difusión ampliada de sus
mensajes, la facilidad con la que los gobiernos pueden conocer acerca de su
persona y aplicar su represión sobre ella con mayor facilidad y cómo hacer
frente a todo ello.
En este contexto, la
reforma del Código Penal, que en breve el Gobierno español llevará al
Parlamento para su aprobación ya contempla la restricción a la libertad de
expresión y comunicación de los ciudadanos. En su artículo 559, que modifica al
todavía vigente, deja claras sus intenciones al tipificar un nuevo delito: “la distribución o difusión por
cualquier medio de mensajes o consignas que inciten a la comisión de un delito
de alteración del orden público del artículo 557bis [i.e. los tipos agravados]
o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo” (http://libertadesdemocraticas.org/manifiesto_protesta_social/).
Llama la atención el modo en que intencionadamente se produce la
indeterminación del lenguaje en este artículo, dejando al albur del agente de
orden público en Internet y del juez determinar cuál es la intención del emisor
del mensaje o consigna que se pretende castigar dentro del delito de alteración
del orden público y empleando una expresión tan vaga como la de “mensajes o consignas que inciten”
. Minimizar el eco del llamamiento a la protesta social, reprimir al que la
difunda o convoque, justificar actuaciones policiales contra la misma y amordazar
la libertad de expresión son los objetivos de éste y otros artículos del futuro
Código Penal reformado.
Por este motivo en la
Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD) creemos que junto a
la lucha por la elevación de la conciencia de clase de l@s trabajador@s, la
radicalización de la protesta y de sus objetivos y la implicación de nuestra
clase en el fortalecimiento y la clarificación ideológica de sus
organizaciones, es necesario también la defensa de las libertades democráticas
y la denuncia a su agresión porque el capital y sus gobiernos nos necesitan
desmovilizados, derrotados, desmoralizados, presos y mudos.
Unir radicalización de la
protesta social y defensa de las libertades debe ser un objetivo central de un
luchador consciente por la igualdad y la emancipación de nuestra clase, la
trabajadora.
El Gobierno español pidió a Facebook datos sobre 715
usuarios
La NSA pagó millones a los gigantes de Internet por
colaborar en el espionaje
9
años de cárcel por opinar en Facebook y dossier de prensa.
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