miércoles, 3 de julio de 2013

La lucha del SAT por la revolución agraria en Andalucía, por un patrimonio agrario andaluz (Banco de Tierra)







 



 

 

CONCENTRACIÓN EN LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

Martes 2 de julio · 11,00 de la mañana · Cn la c/ tabladilla, 0 (Sevilla)


Medio centenar de jornaleros reclaman ante Agricultura el banco de tierras

02/07/2013

Medio centenar de jornaleros convocados por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) se han concentrado hoy ante la sede de la Consejería de Agricultura para reclamar a la Junta la aprobación de un banco de tierras y la "legalización" de la situación de la finca de Somontes, ocupada desde hace 15 meses.

El secretario general del SAT, Diego Cañamero, ha explicado a Efe que "hace falta" que el Gobierno andaluz apruebe el banco público de tierras para que pasen a formar parte de él "todas las que están siendo desahuciadas, hipotecadas y que son susceptibles de ser compradas".

Según Cañamero, podría darse la situación de que ese banco pueda arrendar tierras privadas para cooperativas en aquellos pueblos donde no se pueda conseguir la tierra para el banco en propiedad pública.

Ha recordado que se trata de una propuesta que el SAT planteó a Izquierda Unida y que esta formación política incorporó a su programa de Gobierno y ha resaltado que tiene constancia de que este asunto "se está tratando".

Cañamero ha anunciado que el jueves el SAT mantendrá una reunión con la dirección de la coalición de izquierdas, en la que se abordará una propuesta del sindicato que incluye "todos los reglamentos" que deben regir la existencia del banco público de tierras.

"Esperamos que se abran las puertas y que ese sea el texto que se va a discutir para su aprobación", ha dicho Cañamero.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores ha reclamado también la "legalización" de la finca de 400 hectáreas que tiene ocupada en Somontes, entre las localidades de Palma del Río (Córdoba) y La Campana (Sevilla), en la que han realizado la siembra y sobre la que proponen que "se ceda a la cooperativa provisionalmente hasta que el banco de tierras la regule".

Los jornaleros han solicitado una entrevista con el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas.


Proyecto de decreto-ley de patrimonio agrario andaluz que el  SAT va a presentar a la Junta de Andalucía para su aprobación e implantación.


Patrimonio Agrario Andaluz



 

Dinamización del Patrimonio Agrario de Andalucía

La Ley 1/2011, de 17 de febrero, en su Capítulo III establece medidas para proceder a la dinamización del patrimonio agrario de Andalucía.

Entre otras, contempla la puesta en valor de aquellos bienes del antiguo IARA que se encuentran vacantes actualmente o que, como consecuencia de la aplicación de las medidas contempladas en esta Ley, puedan estarlo en un futuro.

Para dar cumplimiento a este fin, la Consejería de Agricultura y Pesca, dará publicidad a través de esta página Web a las actuaciones que se desarrollen en este sentido, siendo esta una forma de aumentar la difusión y transparencia de estas actuaciones.

La enajenación de las distintas fincas de titularidad de la Consejería se hará por subasta conforme a lo previsto en el Decreto 192/1998, de 6 de octubre, por el que se regula el régimen de disposición de bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, sin perjuicio de lo dispuesto al efecto por la mencionada Ley.

 

La Ley 1/2011, de 17 de febrero, en su Capítulo III establece medidas para proceder a la dinamización del patrimonio agrario de Andalucía.


Decreto 192/1998, de 6 de octubre


 

Relación de fincas a enajenar


FINCA LA PARRA, t.m. Puebla de Don Fadrique (GRANADA) subastada


FINCA CORTIJO VAQUERO, t.m. Motril (GRANADA) subasta suspendida


FINCA MAJARAMBU, t.m. Castellar de la Frontera (CADIZ) Suspendida subasta por Resolución de 26 de junio de 2012


FINCA PARAJE BARRUELOS, t.m. de Chiclana de Segura (JAÉN) Suspendida subasta


FINCA EL CHANZA (HUELVA) adjudicada


FINCA LAS JUNTAS t.m. Segura de la Sierra (JAÉN) adjudicada


FINCA LA MELGA t.m. Chiclana de Segura (JAÉN) La finca ha sido adjudicada.


FINCA BARRUELOS, t.m. Chiclana de Segura (JAÉN) Los lotes 2, 3 y 4 han sido adjudicados.


FINCA SOMONTES, t.m. Palma del Río (CÓRDOBA)










El SAT exige que los Carrizos pase al banco público de tierra

20/6/2013


 

El SAT pide un banco público de tierras de la Junta de Andalucía y del Estado

 

Estaría dotado con un 0,4% del presupuesto autonómico


 

IU presenta en el Parlamento Europeo su proyecto de Banco Público de tierras para Andalucía

 


 


 

IU propone la creación de un banco público de tierras y un banco financiero andaluz

Publicado el 20/06/2013

 


 


16/06/2013

 

Cita:

"La monarquía está en la Constitución pero no es legal", puede leerse en uno de los documentos recién aprobados por aclamación en la XIX Asamblea de Izquierda Unida de Andalucía, dentro de una propuesta formulada por el exdiputado malagueño Antonio Romero, quien exigió un proceso constituyente hacia la III República

 

Entre otras políticas y medidas que se citan en el documento aprobado, figura la creación de un  Banco de Tierras.

Sánchez Gordillo se sumó a la petición de un banco público de tierras "para que la tierra sea de quien la trabaja". En las últimas horas previas a la clausura de la Asamblea, también se aprobó una resolución para la creación de una banca pública andaluza.

 


 

IU se impacienta por la lentitud de la Junta en la creación del banco de tierras

 

3 jun 2013

 

Cita:

El problema del proyecto es que la Consejería de Agricultura no tiene ninguna novedad desde aquella frase que hace tres meses pronunciara su titular, Luis Planas: “los trabajos técnicos están muy avanzados”.

Y la Junta tiene 20.000 hectáreas. “Aunque fueran la mitad de los empleos que se creasen, 10.000, bienvenidos son”, apostilla la portavoz de Agricultura del grupo parlamentario de IU, Lola Quintana, que añade que la medida urge porque ese estudio concluye que se necesitan cuatro años para que la cooperativa empiece a dar beneficios.

 

Este observatorio ha funcionado desde 2006 como proyecto piloto para sectores concretos como la fresa de Huelva, los invernaderos de Almería, los cítricos y el aceite, pero desde 2011 ya se ha generalizado a todas las actividades agrícolas y ganaderas (está incluido en el Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013).

 

LA OCUPACIÓN DE TIERRAS COMO ELEMENTO DE PRESIÓN

El principio que sostiene el banco de tierras que promueve IU no es otro que “todo patrimonio público tiene que servir para crear empleo”. La idea es seguir los pasos de experiencias anteriores que han venido marcadas por la protesta y la ocupación de fincas. Un ejemplo es el Cortijo El Humoso. Más de 1.200 hectáreas del duque del Infantado que acabaron a principios de los 90 en manos de los jornaleros de Marinaleda, liderados por el Sindicato de Obreros del Campo y el alcalde Juan Manuel Sánchez Gordillo. La finca fue el pilar de la Cooperativa MarinaledaS.C.A., que creó más de 400 puestos de trabajo. En la puerta del cortijo se escribió la consigna “Este cortijo es para los jornaleros en paro de Marinaleda”. Esta historia se ha repetido recientemente en las fincas de de Somontes (Palma del Río, Córdoba), propiedad de la Junta, o Las Turquillas (Sevilla), esta vez del Gobierno central (Ministerio de Defensa), y todo apunta a que seguirá.

 

 


 

 

 

El banco público de tierras tendrá 10.000 hectáreas y generará 10.000 empleos

 

22/04/2013

Cita:

Desde IU, su responsable de Agricultura en el Parlamento andaluz, Lola Quintana, tiene claro que el banco público de tierras debe estar a pleno rendimiento antes de que finalice esta legislatura, es decir, en el primer trimestre de 2016. Es más, la coalición de izquierdas quiere que toda la normativa referente al asunto se apruebe en este período de sesiones, es decir, antes de julio de este mismo año.

Teniendo en cuenta las últimas cifras de paro en la región: 1.126.452 parados, se traduce en que este banco público de tierras serviría para absorber el 0,88 por ciento de estos demandantes de empleo.


 

IU resucita la reforma agraria  19 AGO 2012

 

IU ha elevado al Congreso una de las propuestas claves de su programa electoral en Andalucía y del Gobierno en coalición con el PSOE en la Junta: el banco de tierras. La iniciativa, promovida por el diputado José Luis Centella, defiende que actualmente existen extensiones de suelo propiedad del Estado, muchas de ellas encomendadas al Ejército, que podrían ser dedicadas a uso agrícola y cultivadas por cooperativas

 


 

 

El Gobierno andaluz programa la creación del banco de tierras en 2013

 


La Junta de Andalucía, al contrario que el Gobierno central, sí creará el banco de tierras para parados con las fincas públicas. El fracaso en la venta de 20.000 hectáreas de tierras del desaparecido Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), por las que sólo ingresaron 10,6 millones de los 75 previstos, ha dejado el inventario casi hecho. IU pone fecha: el próximo año. Su grupo ya trabaja en la regulación, que tendrá que pactar con el PSOE.

Hace dos años que la Junta renunció a la Reforma Agraria, una demanda histórica jornalera que suponía la puesta a disposición de los trabajadores de tierras ociosas. Nunca se llevó a cabo y terminó con la oferta de las fincas para su venta. “No tiene sentido que la Junta sea propietaria de tierras”, argumentó la entonces consejera de Agricultura, Clara Aguilera. Pero la crisis se llevó por delante las expectativas de los agricultores por hacerse con las explotaciones y, ante la falta de crédito, muchas subastas quedaron desiertas y centenares de hectáreas sin adjudicar.

IU quiere esas fincas para los parados y el presidente andaluz, el socialista José Antonio Griñán, según informó su segundo en el Ejecutivo autónomo y coordinador de la federación de izquierdas, “se ha mostrado como un gran colaborador”.

La portavoz de IU en la comisión de agricultura, Dolores Quintana, explicó que llevan varios meses trabajando en el “marco normativo”, uno de los principales escollos y uno de los argumentos del Gobierno central para rechazar la iniciativa en el ámbito estatal. “La adjudicación de aprovechamientos a terceros” se limitará al “procedimiento establecido en la legislación de contratos del sector público, que necesariamente deben incluir la publicidad y la libre concurrencia”, afirma el Ministerio para, prácticamente, excluir a los parados de una oferta pública de tierras.

Quintana parte del convencimiento de que “todo patrimonio público tiene que servir, en estos momentos, para crear empleo”. Con esta premisa, se han fijado en las tierras del IARA, que dispone de extensiones en todas las provincias y muchas de ellas no tienen salida. Prueba de ellos son las más de 700 hectáreas de las fincas Majarambú (Castellar-Cádiz), Cortijo Vaqueros (Motril-Granada), Paraje Barruelos (Chiclana de Segura-Jaén) y Somontes (Palma del Río-Córdoba) cuya subasta ha sido suspendida o declarada desierta.

La intención de IU, según explica la diputada, es que el uso de estas tierras sea cedido de forma gratuita a parados de la zona organizados en cooperativas o mediante convenio con ayuntamientos.

Los adjudicatarios obtendrían un salario en función de los beneficios de la explotación y sus productos se comercializarían en “canales cortos”, es decir, que se venderían en mercados locales.

Los cultivos tendrían que ser sociales —se primaría aquellos que generen más empleo— y adecuados a la zona y a las características de las tierras.

Quintana admite que el proyecto no ha pasado aún a discusión con la Consejería de Agricultura, a la que pide que se implique claramente.

Agricultura, en su idea inicial, no es partidaria de primar lo local sino la igualdad de oportunidades. Su pretensión es que, si hay cesión de uso de una finca pública, se beneficie cualquier ciudadano interesado y que promueva la explotación en régimen de cooperativa, la producción ecológica y la implantación de planes viables que sirvan para mejorar las tierras.

 


 


 

Agricultores ecológicos reclaman un plan contra el desempleo y la sequía

 

Las iniciativas contra el paro en el campo se suceden. Sindicatos y partidos han reclamado planes especiales para luchar contra el desempleo en zonas rurales, donde la crisis, además de los costes económicos y sociales comunes a todos los entornos, supone también el abandono y la despoblación. La asociación agroalimentaria ecológica CAAE se ha sumado a las demandas y ha remitido escritos a los responsables de los Ejecutivos central y autonómico para reclamar un plan ante el paro y la sequía.

“Es urgente que llegue el crédito a las empresas para que dispongan de la liquidez necesaria en el ejercicio de su actividad y un plan especial en la lucha contra el paro agrario”, afirma el presidente de CAAE, Francisco Casero, quien ha remitido cartas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete; y al jefe del Ejecutivo autonómico, José Antonio Griñán, para proponer y demandar medidas que favorezcan el entorno rural.

La asociación CAAE considera que las medidas “que impone el Gobierno ahondan más en la recesión y en el estrangulamiento de la economía, cuyas consecuencias son la inestabilidad de las empresas, el aumento del paro y la pérdida de las condiciones de vida de la población”. Por eso reclama “valentía política” para adoptar medidas que resuelvan el acceso al crédito privado o público y así favorecer el desarrollo de la actividad empresarial.

Los agricultores y ganaderos ecológicos advierten también de que la situación de falta de trabajo se ha visto agravada por la actual sequía. Ante esta adversidad, exigen un plan especial, en colaboración con todas las administraciones, que garantice cobertura a las miles de familias afectadas con proyectos de trabajo en los montes, arreglos de caminos rurales y la realización de plantas de compostaje, entre otras inversiones.

También reclaman que la reforma de las administraciones no persiga solo “su mero adelgazamiento” sino su agilización para que sean “un aliado en vez de un freno a la actividad económica”. “Es lamentable el exceso de burocracia y los perjuicios económicos que supone para las empresas el necesitar varios años para el funcionamiento de un nuevo proyecto o que en estos momentos aún no se haya resuelto el cobro de las subvenciones del 2010”, afirma Casero.

Otra de las demandas del sector es una política de apoyo a la ganadería extensiva y ecológica por su aportación social y ambiental, ya que es una actividad fundamental para la conservación de los espacios naturales y de prevención contra incendios forestales.

"Es necesario abordar las medidas necesarias para mantener la actividad ganadera extensiva, por ejemplo apoyando la producción de la dehesa como productos diferenciados, y asegurar el relevo generacional mediante la viabilidad de las explotaciones", explicó Francisco Casero.

El presidente de la asociación recuerda que la ganadería ecológica, regulada en Europa hace algo más de una década, no tiene como único objetivo producir alimentos de calidad, sino que también tiene como finalidad conservar el medio y el entorno natural. "Por eso, la ganadería ecológica está reconocida a nivel Europeo como la modalidad productiva ideal para conservación de los Espacios Naturales Protegidos", expone el presidente de CAAE.

 


 

 

El Gobierno rechaza la creación de un banco de tierras para los desempleados

 


Cita:

Para hacer frente a esta situación, IU incluyó en su programa electoral y en sus condiciones de pacto con el PSOE para formar el Gobierno andaluz la creación de un banco de tierras.

 


 

Lo que pone el artículo no es el Pacto de Gobierno de IU- PSOE., ni el programa electoral de I.U.

 

El programa de Gobierno es este: Acuerdo de Gobierno PSOE-IU

En el acuerdo de Gobierno no hay nada de Banco Pública de tierra

 


 

El programa electoral de I.U. es este: Programa de Gobierno Andalucía 2012-2016

 

En la página 25 está contemplado el Banco público de tierra

 

IU resucita la reforma agraria  19 AGO 2012

 

IU ha elevado al Congreso una de las propuestas claves de su programa electoral en Andalucía y del Gobierno en coalición con el PSOE en la Junta: el banco de tierras. La iniciativa, promovida por el diputado José Luis Centella, defiende que actualmente existen extensiones de suelo propiedad del Estado, muchas de ellas encomendadas al Ejército, que podrían ser dedicadas a uso agrícola y cultivadas por cooperativas.

En este sentido, IU reclama un estudio de las propiedades estatales y de particulares que posean tierras abandonadas o sobrexplotadas para incluirlas en el banco.

La iniciativa también propone la creación de un grupo de trabajo con representantes del Ministerio de Agricultura y sindicatos, cooperativas y patronales agrarias para elevar una propuesta de funcionamiento del banco y las formas de gestión de las tierras cultivadas en cooperativa.

IU retoma así propuestas de la frustrada reforma agraria andaluza de 1984 que terminó con la eliminación del instituto creado para llevarla a cabo (IARA) y con la poco exitosa oferta de las tierras. La Junta de Andalucía ha ingresado menos de un 20% de los 75 millones previstos por la venta de fincas.

Pero para IU, esta realidad no altera su propuesta de reforma agraria integral que implicaría, entre otras medidas, la revisión de las tierras improductivas para acondicionarlas mediante convenio o expropiación para su rentabilidad y ponerlas a disposición de cooperativas agrarias de base local en régimen de arrendamiento.

Es una parte de la propuesta de IU en el Congreso que, sin embargo, pone el acento en las propiedades del Ejército, sobre las que Centella ha presentado dos preguntas en el Congreso. En concreto ha interpelado a Defensa sobre Las Turquillas y La Isla, fincas de Écija vinculadas al Servicio de Cría Caballar y que, según el diputado, podrían ser dedicadas a uso agrícola y cultivadas por cooperativas. El Gobierno ha respondido que "no se contemplan variaciones en la gestión" de estas instalaciones y que "no existe excedente de suelo militar".

Sin embargo, Centella considera que la inclusión de estas tierras en el banco propuesto por IU permitiría "movilizarlas", aumentar su valor, recuperar superficie agraria, evitar el abandono de suelos, atraer a jóvenes a este sector económico, aminorar la despoblación de zonas rurales, fomentar la investigación y, finalmente, afrontar la situación de paro en estas zonas.

Las Turquillas y La Isla son dos de las numerosas propiedades del Ministerio de Defensa, que dispone de un patrimonio natural, según su última memoria medioambiental, de más de 140.000 hectáreas en toda España. Estas fincas sobre las que ha pedido información IU están adscritas a la Yeguada Militar de Écija (Sevilla) y en ella, según el mismo documento, se realizan actuaciones incluidas en el programa de desarrollo del pacto andaluz por la dehesa

En Andalucía, Defensa también ha firmado acuerdos para el desarrollo de programas para la conservación del águila imperial en Jerez de la Frontera (Cádiz), del camaleón en la Base Naval de Rota (Cádiz), del ibis eremita en el Campo de Adiestramiento de la Sierra de El Retín (Cádiz).

Los planes de IU para la agricultura andaluza también incluyen un plan de fomento y ayudas para la reconversión de explotaciones agropecuarias familiares en empresas de agroturismo de carácter ecológico; medida de desarrollo alternativo para mantener la población y la actividad agropecuaria en el medio rural, complementando y dignificando los niveles de renta de los agricultores y ganaderos haciéndolos partícipes y protagonistas del desarrollo creciente del sector turístico en el medio rural, y fomentando la producción de alimentos de calidad; y la creación de un banco de semillas

 


 

El fin de la reforma agraria de 1984


El viernes pasado entró en vigor el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de julio que da carpetazo oficialmente a la reforma agraria que nació en el año 1984 y que supone la extinción del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (Iara). A partir de ahora, se abre un plazo de un año para que todos los colonos que venían explotando las tierras opten a su compra y adquieran la condición de propietarios. El Gobierno andaluz pretende ingresar unos 75 millones por la venta de 19.851 hectáreas. Casi la mitad corresponde a más de un millar de colonos y cooperativas que fueron adjudicatarios de las explotaciones tras su expropiación o compra por parte del Iara, que ha venido ingresando unos tres millones anuales por el canon derivado de esos asentamientos.

más información


La Consejería de Agricultura ha establecido condiciones ventajosas para que los actuales concesionarios puedan optar a la propiedad. Así, al valor de enajenación de estas tierras se le aplicará una reducción de hasta un 65% en función de criterios de antigüedad, generación de empleo, así como al esfuerzo inversor efectuado por los colonos. La norma prohíbe la venta, división o segregación de los terrenos durante 25 años, una medida introducida para evitar la especulación.

La Junta contempla la cesión a entidades públicas y privadas para fines agrarios y otros asociados al medio rural de las tierras, bienes y derechos del Iara que no han sido ocupados por terceros, concretamente 13 fincas con 5.320 hectáreas de suelo rústico y 240.000 metros cuadrados de suelo urbano. Con este decreto, Agricultura pretende también adquirir las tierras que ahora están infrautilizadas.

 


 

30 años de la Reforma Agraria: una ley demonizada por la derecha y olvidada por la izquierda

28 may 2013


 

Legislación andaluza


 


 

 

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario